La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS), el sindicato más numeroso del país, firmó un nuevo acuerdo paritario para el segundo semestre de 2025, que incluye aumentos salariales y sumas no remunerativas. Sin embargo, ni este convenio ni el anterior han sido homologados por el Gobierno nacional, lo que genera fuerte incertidumbre en trabajadores y empleadores sobre los sueldos de julio.
¿Qué dice el nuevo acuerdo?
La paritaria cerrada el 26 de junio contempla:
- Incremento salarial del 6% entre julio y diciembre, distribuido en tramos mensuales del 1% no acumulativo.
- Una asignación no remunerativa de $40.000 por mes, desde julio hasta diciembre.
- Esta suma se incorporaría al salario básico en enero de 2026.
Estos montos se calculan sobre la escala salarial de junio, que a su vez se basaba en un acuerdo informal de abril con subas del 5,4% trimestral (1,9% en abril, 1,8% en mayo y 1,7% en junio). Pero ese acuerdo tampoco fue homologado oficialmente.
¿Por qué es clave la homologación?
Un acuerdo paritario necesita ser homologado por el Ministerio de Capital Humano y publicado en el Boletín Oficial para tener validez legal.
Hasta ahora, el Gobierno no avala aumentos superiores al 1% mensual, en línea con su política de contención inflacionaria. Por ese motivo, ni el convenio de abril ni el de junio han sido aprobados.
¿Qué pueden hacer las empresas?
Ante la falta de homologación, las empresas del sector tienen tres opciones al momento de liquidar los sueldos de julio:
- Aplicar el último acuerdo homologado, que es el de enero-marzo.
- Tomar el acuerdo informal de abril-junio, sin aval oficial.
- Incorporar el nuevo convenio con el 1% de aumento y los $40.000 extra, a cuenta de futuras homologaciones.
En todos los casos, las sumas no remunerativas pueden incluirse en los recibos con la leyenda “a cuenta de futuros aumentos”, como estrategia para evitar eventuales ajustes retroactivos.
Inseguridad jurídica y falta de certezas
El acuerdo fue firmado entre FAECyS y las cámaras empresarias CAC, CAME y UDECA, pero ninguna lo difundió de manera oficial, dado que todavía no fue publicado en el Boletín Oficial.
En este contexto, se genera un vacío legal que impacta tanto en las empresas, que deben planificar sin reglas claras, como en los trabajadores, que no saben con certeza cuánto cobrarán este mes.
