El ministro de Cooperativas y Mutuales de Córdoba, Martín Gill, se aparta temporalmente de su cargo debido a “temas personales”.
En una reciente movida que ha generado revuelo en la política cordobesa, el ministro de Cooperativas y Mutuales, Martín Gill, ha solicitado una licencia sin goce de sueldo. La noticia, anunciada por el Gobierno de Córdoba, se ha justificado en términos de “temas estrictamente personales”. Sin embargo, la licencia se produce en un momento especialmente delicado, dado que Gill está involucrado en un proceso judicial por violencia de género y enfrenta otra investigación por presunto desvío de fondos públicos.
La causa de violencia de género, que ha sido elevada a juicio por la fiscal de Villa María, Juliana Companys, tiene sus raíces en marzo del año pasado. En ese momento, una mujer que había sido pareja de Gill denunció hechos de violencia física y amenazas. La situación se agravó cuando Gill se presentó en la Unidad Judicial para devolver objetos personales de la mujer, momento en el cual fue imputado. La elevación a juicio solicitada en marzo de este año fue apelada por Gill, generando una presión creciente de la oposición para que dejara el cargo. A pesar de múltiples pedidos de renuncia y un intento de juicio político por parte del legislador Gregorio Hernández Maqueda, el oficialismo, encabezado por el gobernador Martín Llaryora, se mantuvo firme en la defensa de Gill mientras no hubiera una condena firme en su contra.
En su declaración, Gill ha asegurado que prefiere esperar el resultado del juicio fuera del cargo ministerial, afirmando que confía en una resolución favorable y que volverá a su puesto una vez que se despejen las dudas. “Siempre estuve a disposición de la Justicia, me presenté voluntariamente, declaré, amplié mi declaración y aporté numerosos elementos porque soy inocente”, destacó Gill.
Paralelamente, Gill también está bajo investigación en una causa nacional reactivada por el juez Julián Ercolini, que data de 2008. En ese entonces, el funcionario se desempeñaba como Secretario de Políticas Universitarias en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y está acusado de desviar fondos de la Universidad Nacional de San Martín hacia la productora del programa 6, 7, 8.
