Según indicaron, es para asegurarse de que la comida tenga mayor calidad nutricional.
Se trata de la mercadería adquirida a través del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre que se implementa mediante el Proyecto Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La información surge de un documento enviado por el Ministerio de Capital Humano al juez Walter Lara Correa
El Gobierno nacional aumentó un 40% “el valor de las prestaciones alimentarias”, que son implementadas a través del Programa Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina Contra el Hambre – Proyecto Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que se desarrolla en el ámbito de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia que depende del Ministerio de Capital Humano.
En concreto, Sandra Pettovello dispuso un incremento de casi $4.000 millones sobre el saldo de $8.308.997.000 que aún no fueron ejecutados del total de $14.000 millones trasferidos a ese programa el 8 de febrero de 2024.
La decisión apunta -según la administración nacional- a adquirir alimentos de mejor calidad, que serán destinados a los sectores más vulnerables. En ese sentido, explicaron que se incrementará el valor nutricional de la prestación alimentaria principal (almuerzo o cena): del promedio de las 264 calorías actuales por persona, que a modo de ejemplo se traduce en un plato de fideos con pure de tomate, aseguran que pasará a 386 calorías, lo que “permite alcanzar una porción de carne de 80 gramos, una proteína de alto valor biológico, que será complementado con cereales/legumbres/vegetales”.
La información fue brindada al juez en lo Contencioso Administrativo Federal Walter Lara Correa, quien había hecho lugar a un recurso de amparo colectivo que presentaron la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para que se garantice el derecho a la alimentación de las personas que concurren a comedores populares.
En esa resolución, conocida el 8 de agosto y difundida por este medio, el magistrado convalidó las políticas implementadas por el Ministerio de Capital Humano para asistir a los sectores más desprotegidos de la sociedad. El mismo juez le dio un plazo de 20 días hábiles a Capital Humano para informar sobre las políticas alimentarias que se estaban implementado, tal como habían solicitado esas dos organizaciones.
Para el Gobierno, la resolución de Lara Correa “reconoce el trabajo que se viene realizando” desde la cartera de Pettovello e implementada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Yanina Nano Lembo. el Ministerio de Capital Humano. Entre las medidas reconocidas por la resolución judicial figura la del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para la compra de alimentos y con la fundación CONIN.
A través de un escrito presentado por la subsecretaria Legal de Capital Humano, Leila Gianni y el director general de Asuntos Jurídicos, Ariel Romano, se le informó al magistrado Lara Correa que en el marco de ese programa se decidió aumentar el presupuesto un 40% para incrementar el valor calórico de los almuerzos o cenas bridadas a las familias que asisten a los comedores a los que se asusten.
El mismo juez también se había mostrado conforme con el esquema de distribución de mercadería almacenada en los depósitos de Villa Martelli, en la provincia de Buenos Aires; y en Tafí Viejo, en Tucumán, que sumaban casi seis millones de kilos. Por entonces los alimentos con fecha de vencimiento próximo habían sido distribuidos a través de camiones del Ejército Argentino a los centros que a lo largo del país tiene la Fundación CONIN.
